Despidieron a otra ñoqui y ya son varios en lo que va del año
La política de tolerancia cero que puso en marcha el gobierno de Rolando Figueroa continúa sumando episodios en la provincia de Neuquén. En las últimas horas se conoció un nuevo despido dentro de la administración pública provincial, en el marco de una política que apunta a erradicar los privilegios, el ausentismo y las inconductas que durante años (es decir en gobiernos anteriores) fueron toleradas en el Estado. Desde la llegada de la actual gestión, el mensaje es claro: la tolerancia cero rige le toque a quien le toque.
El caso más reciente es el de Carina Liliana Campos, quien se desempeñaba en la Dirección Provincial de Recursos Físicos y Biomédicos del Ministerio de Salud y fue exonerada de la administración pública. La investigación administrativa comprobó que la ahora ex agente acumulaba inasistencias continuas, discontinuas e injustificadas durante distintos meses de 2022 y 2023, además de presentar seis certificados médicos que resultaron ser falsos.
Según consta en el expediente, los documentos estaban supuestamente firmados por los médicos Inalen D. y Mateo S., pero ambos profesionales confirmaron que nunca habían emitido ni firmado esos certificados y que ni siquiera conocían a la empleada estatal. La irregularidad fue detectada tras una auditoría interna que verificó que los documentos eran apócrifos.
Al ser consultada por los auditores, Campos sostuvo que nunca pensó que los certificados fueran falsos. También afirmó que no recordaba el número de teléfono al que había solicitado los documentos y que, al perder su celular, también había perdido los contactos vinculados a ese trámite. Las explicaciones no lograron revertir las conclusiones del sumario administrativo, que terminó con su exoneración.
El despido se suma a una larga lista de cesantías registradas en lo que va del año. Uno de los casos más graves fue el de Hugo Miguel Inostroza, quien trabajaba como auxiliar de servicios en el Instituto de Formación Docente N 6 de la ciudad de Neuquén y fue expulsado tras ser condenado a ocho años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo. Aunque el delito ocurrió fuera del ámbito institucional, la condena penal fue considerada incompatible con la función pública.
Otro decreto dispuso la cesantía del ex cabo de la Policía neuquina Gustavo Gabriel Querci, quien acumuló reiteradas sanciones disciplinarias. De acuerdo con el expediente, el suboficial cumplió 90 días de arresto policial entre noviembre de 2024 y abril de 2025, superando ampliamente los límites establecidos por el régimen disciplinario de la fuerza.
La lista de expulsiones también incluye al médico Marcelo Ignacio Fernández, denunciado por acoso y abuso sexual contra tres compañeras de trabajo en el centro de salud de Villa Traful; al agente del EPEN Guillermo Elgueta, despedido por reiteradas inasistencias injustificadas; y al ahora ex empleado del Ministerio de Energía Nicolás Evaristo Salvatori, quien, según los auditores, marcaba asistencia pero no cumplía tareas laborales.
El caso de Salvatori fue particularmente resonante porque se trata del hijo del histórico dirigente -fallecido- Pedro Salvatori, lo que reforzó la señal política del actual gobierno: ya no hay privilegios ni apellidos que funcionen como escudo. La purga dentro del Estado y el fin de la impunidad cuentan con amplio consenso en la sociedad neuquina. Lo que otros gobiernos escondían bajo la alfombra hoy sale a la luz, y la administración de Figueroa no duda en apartar a los indeseables que, además de un problema institucional, representan un lastre y un perjuicio económico para el Estado provincial.