Viáticos en la Justicia: el encuentro de jueces abrió una nueva polémica en Neuquén
La discusión por los viáticos, el alojamiento y la cena de los participantes del Encuentro de Jueces Penales abrió una nueva polémica dentro del Poder Judicial neuquino y volvió a poner en escena un debate más amplio: el de los privilegios y el uso de fondos públicos. La controversia surgió luego de que un grupo de magistrados hablara de una supuesta falta de acompañamiento del Tribunal Superior de Justicia al encuentro realizado en Zapala.
Sin embargo, fuentes cercanas al TSJ indicaron que el respaldo institucional al evento existió y que fue formalizado a través de distintas medidas. Según explicaron, el Tribunal declaró la actividad de interés institucional, otorgó licencias por capacitación a los magistrados participantes y además articuló la agenda judicial para que la realización del encuentro no afectara la continuidad del servicio de justicia en la provincia.
El punto de conflicto, de acuerdo con esas mismas fuentes, estuvo en la decisión de no cubrir gastos de viáticos, hotelería, catering y cena para los asistentes. Desde el entorno del máximo órgano judicial señalaron que esa negativa no implicó una falta de reconocimiento al encuentro, sino una delimitación precisa entre el acompañamiento institucional y el financiamiento de gastos que no fueron considerados indispensables.
El episodio se da además en un contexto político y social marcado por un fuerte cuestionamiento a los gastos considerados no esenciales dentro del Estado. En Neuquén, esa discusión tomó fuerza en los últimos meses a partir del discurso de austeridad impulsado por el gobernador Rolando Figueroa, que colocó entre sus ejes la revisión de estructuras, beneficios y erogaciones que durante años fueron naturalizadas en distintos ámbitos de la administración pública.
En ese marco, la decisión del TSJ también quedó atravesada por ese cambio de época. La idea de que el Estado deba afrontar cenas, traslados o alojamiento para reuniones de funcionarios es cada vez más discutida en la opinión pública, especialmente en un escenario donde crece la demanda social por un uso más estricto de los recursos. Por eso, la controversia excedió el encuentro judicial y se conectó con una discusión más amplia sobre qué gastos siguen siendo aceptables y cuáles ya no tienen el mismo consenso.
El Encuentro de Jueces Penales se realiza desde 2014, tras la implementación del Código Procesal Penal, y fue pensado como un espacio horizontal para intercambiar experiencias y revisar el funcionamiento del sistema. Pero esta vez, la atención quedó puesta menos en los temas abordados y más en la discusión por los gastos. Así, el reclamo de algunos magistrados y la respuesta del TSJ terminaron reabriendo un debate sensible en la provincia: hasta dónde llega el acompañamiento institucional y dónde empieza, para buena parte de la sociedad, el límite frente a los privilegios.