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Castells polémico: "Es un honor que me hagan una causa por reclamar"

Raúl Castells, líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, ha admitido haber impulsado los saqueos que recientemente sacudieron varias ciudades en Argentina. La fiscal federal Alejandra Mangano presentó una denuncia penal en su contra por instigar a los hechos ocurridos en los últimos días.

Castells polémico: "Es un honor que me hagan una causa por reclamar"

Raúl Castells, líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, admitió haber promovido los saqueos que recientemente se han registrado en distintas ciudades de Argentina. La fiscal federal Alejandra Mangano no tardó en presentar una denuncia penal en contra de Castells tras sus declaraciones públicas en las que asumió la responsabilidad política de los disturbios.

Castells justificó su posición alegando que su movimiento buscaba proveer alimentos a personas en necesidad y propuso tomar lo que fuera necesario para canjearlo por comida en caso de no encontrar alimentos disponibles. Según sus palabras, "es un honor que me hagan una causa judicial por reclamar contra el robo de los precios de la comida. Si se les ocurre meterme preso, va a haber miles de personas reclamando mi libertad", expresó en diálogo con AM550 y CN24/7.

El líder social sostuvo que la verdadera culpabilidad reside en los elevados precios de los alimentos básicos y que los saqueos no deberían ser considerados como actos criminales. Castells denunció que el costo del kilogramo de milanesa llega a $4,200, mientras que el kilo de papa y azúcar alcanza los $1,000 cada uno. Asimismo, enfatizó que los participantes en los saqueos, que incluyen vecinos, amas de casa y personas de los barrios, no deben ser tachados como ladrones, sino que la responsabilidad recae en el gobierno por no asegurar el suministro de alimentos y en los supermercados por aumentar los precios.

La denuncia presentada por dirigentes de Republicanos Unidos y firmada por los abogados Yamil Santoro, Juan Manuel Fazio, María del Rosario Cisneros y Facundo Sapienza se basa en que Castells habría violado el artículo 209 del Código Penal, que estipula una pena de prisión de 2 a 6 años para aquellos que "públicamente instigaren a cometer un delito determinado contra una persona o institución".

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