Una ex diputada involucrada en el robo a los neuquinos

El robo a la provincia -y en consecuencia a todos los neuquinos- con la transferencia de sumas multi millonarias a organizaciones sociales durante el gobierno de Omar Gutiérrez, tiene entre los involucrados a una ex diputada provincial cuya situación amenaza complicarse. Se trata de Gabriela Suppicich. 

Dirigente del Partido Obrero (PO), Suppicich fue legisladora hasta febrero de 2025, cuando renunció para dejarle la banca a Julieta Ocampo de la Izquierda Socialista (IS), en esa rotación que caracteriza al Frente de Izquierda (FIT). Suppicich suele compartir actividades con las máximas referentes de la izquierda neuquina: Angélica Lagunas (IS) y Patricia Jure (PO), quienes también fueron diputadas. 

Hasta ahora, Suppicich es investigada como partícipe en el robo a los neuquinos. En algún momento trascendió que habría recibido 13 transferencias que tuvieron lugar entre el 7 de diciembre de 2022 y el primero de noviembre de 2023, por un total de 4.726.469 pesos. La causa es la misma por la que, ayer, imputaron a los ex ministros de Desarrollo Social durante el gobierno de Gutiérrez, Abel Di Luca y Germán Chapino.

La causa investiga el presunto desvío de fondos públicos otorgados a la cooperativa Viento Sur, delito que le provocó un perjuicio de 1.208.657.600 pesos (valores históricos) al Estado provincial. 

Hasta ahora, el fiscal jefe Pablo Vignaroli tiene por acreditado que seis delincuentes que eran integrantes de la cooperativa y otros que eran funcionarios incurrieron en el uso indebido de fondos entregados a través del “Programa de Acciones de Fortalecimiento para la Capacitación de Integrantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil”, creado en 2022 por el entonces ministerio de Desarrollo Social y Trabajo.

Ese programa establecía controles previos obligatorios antes de cada desembolso, entre ellos la verificación de la regularidad institucional de la organización, la certificación de sus autoridades, la presentación de un plan de acción, la confección de un padrón verificable de beneficiarios y la acreditación de capacitaciones efectivamente realizadas.

La fiscalía sostuvo que los desembolsos comenzaron el 18 de julio de 2022 -un mes antes de la firma del decreto- y se extendieron hasta diciembre de 2023, el último mes del gobierno de Gutiérrez.

Desde el punto de vista jurídico, la fiscalía encuadró los hechos como administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública. Desde lo político se cree que el gobierno de Gutiérrez les daba esos fondos a piqueteros y dirigentes de organizaciones, para que -a cambio- no realicen protestas callejeras.