El que las hace, las paga: más seguridad y más delincuentes encerrados

En la provincia de Neuquén el mensaje es claro: quien comete un delito sabe que tarde o temprano deberá enfrentar las consecuencias. El aumento de los operativos policiales, los allanamientos y las detenciones refleja una política de seguridad que no mira para otro lado. En ese contexto, la ampliación del sistema penitenciario no es un dato aislado, sino la consecuencia lógica de una estrategia que busca garantizar que las condenas se cumplan y que los delincuentes estén donde deben estar: tras las rejas.

Durante años, sin embargo, el panorama fue muy distinto. En el tramo final del gobierno de Omar Gutiérrez, la seguridad quedó relegada a un segundo plano. La falta de decisiones firmes y la desatención de un área clave por parte de la entonces ministra Vanina Merlo (y su sucesora, Marianina Domínguez) marcaron una etapa de inacción que terminó impactando en la vida cotidiana de los neuquinos. La ausencia de inversiones y de una estrategia integral dejó un escenario que reclamaba cambios urgentes.

Ese cambio comenzó a tomar forma cuando asumió el actual gobernador Rolando Figueroa, quien decidió dar vuelta la página y encarar una política de seguridad con recursos, planificación e infraestructura. Desde entonces se impulsaron inversiones en equipamiento, móviles policiales, fortalecimiento de operativos y jerarquización de la fuerza, con resultados que se ven en las calles.

Una de las obras más importantes en ese sentido es la ampliación de la Unidad de Detención Nº 11 de Centenario, donde se construye un nuevo pabellón de máxima seguridad. El proyecto, que forma parte de la segunda etapa del edificio, implica una inversión de 8.184 millones de pesos y ya presenta un avance cercano al 52 por ciento. La obra prevé su finalización para septiembre de este año y permitirá sumar nuevas plazas para alojar detenidos en condiciones adecuadas de seguridad.

El nuevo pabellón tendrá capacidad para 27 internos y contará con 12 celdas con sanitarios, una celda de aislamiento, salón de día con cocina, sector de visitas independiente y patio, además de una pecera de vigilancia permanente y sala de monitoreo. Todo el predio estará protegido por dos murallas paralelas y cercos de cinco metros de altura, lo que reforzará las condiciones de control dentro del establecimiento penitenciario.

A la par de las obras de infraestructura, el gobierno provincial también avanza en el fortalecimiento institucional de la Policía. Recientemente se concretó el ascenso de 876 efectivos en toda la provincia y se puso en marcha una nueva ley que moderniza la carrera policial, amplía derechos y reconoce el trabajo cotidiano de quienes patrullan las calles. La jerarquización de la fuerza es otra pieza clave dentro de una política de seguridad que busca ser sostenida en el tiempo.

El cambio de rumbo también se percibe en el territorio. Los controles preventivos en parques y espacios públicos, como los operativos realizados en el Parque Central de la capital neuquina con canes detectores de narcóticos, muestran una presencia policial activa orientada a proteger los lugares de encuentro de las familias. Allí se realizaron procedimientos positivos con secuestro de drogas, pero también se generó un vínculo cercano entre la fuerza y la comunidad. La señal es clara: en Neuquén la seguridad dejó de ser una promesa para convertirse en una política concreta donde, finalmente, el que las hace, las paga.