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entre ellas, una de la región
El Gobierno profundizó el control sobre cinco obras sociales sindicales
Las entidades deberán presentar en 15 días un plan para corregir irregularidades financieras y prestacionales.
El Gobierno nacional profundizó este martes el control sobre cinco obras sociales sindicales, luego de declararlas oficialmente en situación de crisis a través de la Superintendencia de Servicios de Salud.
La medida fue publicada mediante las resoluciones 934 a 938/2026 y apunta a entidades donde se detectaron irregularidades administrativas, contables, financieras y vinculadas a la cobertura médica.
Según informó el organismo regulador, las obras sociales alcanzadas presentaron un “factor de criticidad superior al valor límite” previsto por el Decreto 1400/2001, normativa que regula los procedimientos de crisis dentro del sistema de salud sindical.
Entre las entidades incluidas aparecen:
- La Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión
- La Obra Social del Personal de Dirección de Subterráneos de Buenos Aires
- La Obra Social Modelos Argentinos
- La Obra Social de Serenos de Buques
- La Obra Social de Obreros Empacadores de Fruta de Río Negro y Neuquén.
La Superintendencia otorgó un plazo de 15 días hábiles para que las conducciones presenten un “Plan de Contingencia y Saneamiento” destinado a revertir la situación detectada durante las auditorías oficiales. El organismo sostuvo que los incumplimientos abarcan aspectos prestacionales, jurídico-institucionales, económicos y administrativos.
Entre las observaciones señaladas figuran balances vencidos, ausencia de documentación financiera obligatoria, fallas en estadísticas médicas y problemas relacionados con prestaciones a afiliados. Desde el Gobierno encuadran estas decisiones dentro del proceso de “reordenamiento” del sistema de obras sociales y prepagas impulsado por la administración de Javier Milei.
En caso de no cumplir con los planes exigidos o no revertir las irregularidades, las entidades podrían enfrentar intervenciones, restricciones operativas o incluso la baja del registro nacional.
La decisión suma tensión al vínculo entre el Gobierno y distintos sectores sindicales, que vienen cuestionando las políticas oficiales sobre el sistema de salud gremial.
