Reina defendió el control de asistencias y pidió narcotest voluntario para los diputados

La vicepresidenta primera a cargo de la Presidencia de la Legislatura de Neuquén, Zulma Reina, bajó este jueves a su banca para responder ante la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia una serie de consultas vinculadas al régimen de asistencias de los diputados y a la implementación de la ley de narcotest aprobada por la Cámara.

Durante una extensa exposición, la legisladora sostuvo que decidió responder públicamente para “resguardar la institución parlamentaria” y brindar precisiones sobre dos temas que consideró de especial interés para la ciudadanía.

En relación con las inasistencias de los legisladores, Reina explicó que la Legislatura cuenta con un esquema de control regulado por distintos artículos del Reglamento Interno y por una resolución aprobada durante 2024 que establece los descuentos correspondientes sobre las dietas.

La diputada detalló que actualmente funciona un sistema informático desarrollado por la propia Legislatura, capaz de cruzar automáticamente la información proveniente de las comisiones, las sesiones y los registros administrativos.

Según indicó, el mecanismo permite detectar de forma inmediata cualquier ausencia y verificar si corresponde o no aplicar sanciones económicas.

“Si hasta el momento no se han efectivizado descuentos, es porque no correspondía aplicarlos”, afirmó.

En ese sentido, explicó que todas las inasistencias registradas cuentan con la documentación requerida por el reglamento, ya sea mediante certificados médicos o comisiones de servicio debidamente informadas.

“No vamos a dejar pasar ninguna ausencia sin justificar”, remarcó.

Además, sostuvo que toda la información relacionada con las asistencias es pública y puede ser consultada por cualquier persona interesada.

El debate sobre la aplicación del narcotest

Otro de los temas centrales de su intervención estuvo relacionado con la ley de exámenes toxicológicos obligatorios para funcionarios públicos, aprobada por la Legislatura en septiembre de 2025.

Reina recordó que la norma se encuentra vigente y alcanza a los diputados provinciales. Sin embargo, explicó que la reglamentación dictada posteriormente por el Poder Ejecutivo designó al Ministerio de Salud como autoridad de aplicación únicamente para el ámbito del Ejecutivo, dejando fuera a los poderes Legislativo y Judicial.

Ante esa situación, planteó la necesidad de resolver distintos aspectos institucionales antes de avanzar con la implementación interna.

Entre ellos mencionó la definición de quién será la autoridad de aplicación dentro de la Legislatura, qué organismo realizará los controles y cuáles serán las eventuales sanciones ante un incumplimiento.

“En el Poder Ejecutivo existe la figura de la cesantía. En este Poder debemos definir colectivamente qué sucede si un diputado se niega a realizarse el examen”, sostuvo.

Más allá del debate reglamentario, la legisladora lanzó una propuesta concreta dirigida a todos sus pares.

Reina planteó que si existe una verdadera preocupación por el cumplimiento de la ley, los diputados podrían someterse de manera voluntaria a los exámenes toxicológicos sin esperar nuevas resoluciones administrativas.

“¿Necesitan los señores y las señoras diputadas una reglamentación para cumplir una ley que ya está vigente?”, preguntó durante su intervención.

Luego fue más allá y propuso que en un plazo de 24 horas los legisladores concurran por voluntad propia a hospitales o laboratorios públicos o privados para realizarse un examen toxicológico completo.

La iniciativa incluye que cada diputado afronte personalmente el costo del estudio y haga público el resultado.

Para resolver el aspecto institucional, Reina adelantó que propondrá el envío de un proyecto de resolución destinado a que la Comisión de Salud de la Legislatura sea la encargada de elaborar la reglamentación interna correspondiente.

La propuesta apunta a definir el procedimiento, los organismos responsables de los controles y el esquema de sanciones aplicable dentro del Poder Legislativo.

De esta manera, la Legislatura neuquina vuelve a colocar en agenda uno de los debates que más repercusión generó durante el último año: la implementación efectiva de los exámenes toxicológicos para funcionarios públicos y el alcance que tendrán dentro de los distintos poderes del Estado provincial.