Créditos para viviendas: en Neuquén, los funcionarios quedan excluidos

La provincia de Neuquén lanzará -en mayo- nuevas líneas de créditos hipotecarios destinadas a la construcción, ampliación y refacción de viviendas, en una medida que busca dar respuestas concretas a la demanda habitacional, a la que se considera histórica. Con financiamiento de hasta el 100% de las obras, montos que alcanzan los 150 millones de pesos para viviendas nuevas y 75 millones para mejoras, más un tope del 30% de los ingresos familiares para las cuotas, la iniciativa se presenta como una herramienta sólida y accesible.

En cuanto a la transparencia, uno de los aspectos más contundentes de este programa radica en una cláusula que marca un quiebre claro respecto de otras experiencias: los funcionarios de alto rango quedan excluidos. Gobernador, diputados, ministros, secretarios, subsecretarios, titulares de entes del Estado, jueces y fiscales no podrán acceder a estos créditos, en una decisión que es muy saludable para la asignación de recursos públicos.

Esta determinación no solo diferencia a la gestión actual de las políticas nacionales, sino también de administraciones provinciales anteriores. La exclusión explícita de quienes ocupan cargos de poder apunta a evitar privilegios y a reforzar la confianza ciudadana en un contexto donde el acceso a la vivienda representa una de las principales preocupaciones sociales.

El contraste con lo ocurrido a nivel nacional resulta inevitable. En los últimos días, la adjudicación de créditos hipotecarios por parte del Banco Nación a funcionarios del gobierno de Javier Milei y a diputados de La Libertad Avanza desató una fuerte controversia pública. La situación escaló hasta derivar en la salida (forzada) de Leandro Massaccesi de su cargo en el ministerio de Capital Humano. La renuncia se la pidió la ministra Sandra Pettovello.

A ello se suman los casos de legisladores libertarios que accedieron a préstamos millonarios, como Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y la rionegrina Lorena Villaverde, esta última envuelta además en nuevas polémicas por las condiciones en las que obtuvo su crédito. Las denuncias sobre posibles irregularidades y la intervención desde niveles centrales del banco para aprobar operaciones previamente rechazadas profundizaron las sospechas.

En este escenario, la decisión del gobierno de Rolando Figueroa adquiere un peso político y ético significativo. Al dejar fuera del sistema de créditos a quienes detentan cargos de poder, la provincia no solo busca priorizar a las familias que realmente lo necesitan, sino también establecer un criterio claro: los recursos del Estado deben orientarse con justicia, sin favoritismos ni beneficios para quienes ocupan los peldaños altos en las estructuras del Estado.