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Neuquén reglamentó la ley de exámenes toxicológicos obligatorios para funcionarios públicos

El decreto firmado por Figueroa establece sorteos trimestrales, controles sorpresivos y protocolos de confidencialidad para fortalecer la transparencia estatal.

Neuquén reglamentó la ley de exámenes toxicológicos obligatorios para funcionarios públicos

La Provincia del Neuquén oficializó la reglamentación de la Ley 3531, que establece la obligatoriedad de los exámenes toxicológicos como requisito para la permanencia en cargos públicos. La medida quedó formalizada mediante el decreto firmado por el gobernador Rolando Figueroa, publicado en el Boletín Oficial.

 

Según informó el Ejecutivo, la normativa busca fortalecer la ética, la idoneidad y la transparencia institucional, asegurando que quienes ocupan responsabilidades en el Estado provincial desarrollen sus funciones en condiciones compatibles con el servicio público. La reglamentación se alinea con los estándares establecidos por el artículo 153 de la Constitución provincial.

 

El decreto detalla los procedimientos administrativos a seguir ante eventuales resultados positivos en los análisis, garantizando el debido proceso y el resguardo de los derechos de los funcionarios. Toda intervención deberá ser tramitada bajo criterios de eficacia, eficiencia, imparcialidad y publicidad.

 

La elaboración del marco reglamentario contó con la participación de la Subsecretaría de Recursos Humanos, áreas legales del Ministerio de Salud, la Asesoría General de Gobierno y la Fiscalía de Estado, siguiendo los lineamientos administrativos vigentes.

 

Asimismo, el gobierno provincial destacó que esta política forma parte de una estrategia más amplia orientada a fortalecer la transparencia y la integridad pública, promoviendo controles periódicos, acceso a la información y profesionalización del Estado.

 

El decreto fue refrendado por el ministro de Salud, Martín Regueiro, y por el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, consolidando un marco institucional que apunta a mejorar la confianza ciudadana en la administración pública.

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