La Libertad Avanza pidió el juicio político de la jueza que frenó el Régimen Penal Juvenil

La Libertad Avanza bonaerense anunció que solicitará el juicio político de la jueza Marta Elba Pascual, quien dispuso la suspensión por 60 días del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.

La decisión fue confirmada este martes por el titular del espacio en la provincia, Sebastián Pareja, quien encabezará junto con equipos técnicos y políticos una mesa de trabajo para definir el mecanismo mediante el cual buscarán avanzar con el pedido de destitución de la magistrada.

Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, había suspendido preventivamente la aplicación de la Ley 27.801 a partir de un habeas corpus colectivo. La medida comenzó a regir pocos días después de la entrada en vigencia del nuevo régimen y alcanza inicialmente un plazo de 60 días.

La magistrada fundamentó su resolución en las condiciones de infraestructura y recursos disponibles en la provincia para implementar el nuevo sistema, especialmente frente a un eventual aumento de adolescentes alcanzados por medidas de privación de la libertad. También fijó una audiencia para el 16 de septiembre, en la que autoridades bonaerenses deberán informar sobre las medidas adoptadas para la implementación de la norma.

Desde LLA cuestionaron duramente la decisión. Pareja sostuvo que la suspensión afecta una ley sancionada por el Congreso y afirmó que la medida profundiza, a su criterio, la situación de inseguridad en la provincia.

El titular del bloque de senadores bonaerenses de LLA, Carlos Curestis, también respaldó el pedido de juicio político, mientras que el presidente del bloque de diputados provinciales, Juan Osaba, calificó de inadmisible la suspensión y confirmó que impulsarán el procedimiento contra la magistrada.

El conflicto se suma a la fuerte discusión política y judicial que generó la puesta en marcha del nuevo régimen, que incorpora a adolescentes de 14 y 15 años al sistema penal para determinados delitos y establece nuevas reglas para las actuaciones judiciales y las medidas aplicables.