El Ejecutivo provincial ratificó la expulsión de exfuncionarios condenados
El gobernador Rolando Figueroa firmó un decreto que dispuso la exoneración definitiva de tres exfuncionarios provinciales que habían sido condenados por administración fraudulenta agravada, en el marco de la Megacausa de los Planes Sociales. La decisión se inscribe en la política de tolerancia cero frente a la corrupción que el Ejecutivo neuquino impulsa desde el inicio de la gestión.
La medida alcanza a Ricardo Soiza, Marcos Osuna y Pablo Sanz, quienes cumplieron funciones en áreas sensibles de la Subsecretaría de Trabajo y de la Subsecretaría General. La Justicia determinó que los exagentes integraron un esquema organizado de desvío de fondos públicos destinados a programas sociales entre los años 2020 y 2022.
Aunque los exfuncionarios se encontraban suspendidos y sin percibir remuneraciones desde 2023, el decreto firmado por el Ejecutivo provincial avanzó en su separación formal y definitiva de la Administración Pública, aplicando la máxima sanción prevista en el régimen de empleo público provincial, en consonancia con la condena penal firme.
El proceso administrativo interno permitió acreditar graves incumplimientos a las obligaciones establecidas en los Convenios Colectivos de Trabajo y en el Estatuto del Personal Civil, al tiempo que se constató la comisión de conductas incompatibles con la función pública, que vulneraron el principio de confianza que debe regir el accionar del Estado.
La causa judicial concluyó en diciembre de 2025 con una sentencia del Tribunal Oral, integrado por los jueces Juan Manuel Kees, Juan Guaita y Luciano Hermosilla, que declaró penalmente responsables a 12 exfuncionarios por delitos de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.
Durante el juicio se acreditó un daño económico superior a los 153 millones de pesos, producto de maniobras que incluyeron el uso indebido de tarjetas de débito, la emisión irregular de cheques y la elaboración de listados paralelos de supuestos beneficiarios, con el objetivo de simular legalidad en la asignación de subsidios.
El decreto también regularizó la situación administrativa de Emanuel Victoria Contreras, quien había presentado su renuncia en 2024. Si bien no se le aplicó una sanción disciplinaria, quedó asentada su responsabilidad administrativa.
Con esta decisión, el gobierno provincial reafirmó su postura de no permitir la continuidad en el Estado de agentes con condenas penales o involucramiento judicial en hechos de corrupción, reforzando los mecanismos de control y transparencia en la administración pública.